Este martes se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la presidente del Colegio, CPI María Paula Armándola, fue convocada en carácter de representante del estamento de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura.
Está en estudio un proyecto -autoría del Poder Ejecutivo- por el que se introducen reformas a la ley del Consejo de la Magistratura -Expediente 27.861- y en el marco de las opiniones que están recabando los diputados integrantes de la mencionada comisión, fueron convocados la Lic. Armándola y Matías Daniel Chiosso, representantes de la sociedad civil.
Frente a los legisladores, Armándola formuló ciertas consideraciones respecto de la iniciativa teniendo en cuenta que “el Consejo de la Magistratura fue creado con el propósito de sumar al objetivo que la ciudadanía tenga un servicio de justicia de calidad lo cual -acotó- se procura por dos vías: evaluando y seleccionando a quienes tengan la formación y las habilidades necesarias, así como tratando de cubrir vacantes con celeridad en el Poder Judicial”.
Señaló que “dentro de la experiencia que hemos tenido con la participación del estamento en el Consejo, notamos que hay un cuello de botella en el procedimiento en lo atinente al banco de casos. Con ley actual se exigen 2200 casos y hay apenas unos 200, es decir que estamos en un 9/10% lo que implica una gran demora a futuro para poder cumplimentar esa cantidad”.
Asimismo, consideró “importante para ver en el proyecto en tratamiento, que se pueda implementar a las vacantes actuales. Actualmente hay que cubrir 90 vacantes” precisó antes de hacer una comparación con lo sucedido con la Ley de alquileres. “Cuando se producen cambios normativos, que algunos aspectos queden en un marco normativo y otros, en otro, trae inconvenientes en los procedimientos y también puede traer un desfasaje en las personas evaluadas”, acotó.
Más adelante, indicó que “el proyecto propone innovar en lo que se denomina concurso anticipado que ya se está aplicando y muestra como antecedente, el Consejo de la Magistratura de la Nación. Creemos que es una herramienta que va a permitir cumplir con el objetivo con celeridad”, estimó.
Remarcó en ese punto de la exposición que “por un lado, está la revisión de los procedimientos en relación con el banco de casos y por otro, la innovación en el procedimiento al incorporar todo lo relativo a concursos anticipados”.
En su análisis sostuvo que “otra característica que tiene el proyecto de ley es que trae claridad y equidad en cuanto a la selección y representación de cada estamento. Establece cómo tienen que ser elegidos”. Citó la experiencia propia. “Nosotros -el estamento de la sociedad civil- vimos cómo tuvimos que decidir dentro de la misma asamblea cómo íbamos a elegir al representante” relató para agregar de inmediato que “con mi compañero, Matías Chiosso, consideramos que aporta mayor claridad que las reglas de juego ya sean conocidas y sabidas por todas las partes”.
La creación de una prosecretaría también fue destacada por la Lic. Armándola. “Vendría a solucionar si le llegara a pasar algo al secretario que tiene un rol muy importante en el normal funcionamiento del Consejo” y se manifestó de acuerdo con que “siempre haya un representante de la UADER en el estamento universitario; alguien de nuestra propia universidad”.
Finalmente, calificó como “otra característica positiva, poner en un pie de igualdad a los candidatos que están concursando que pueden ser abogados que están ejerciendo la profesión o que ya están trabajando en el Poder Judicial. El proyecto para generar esa igualdad aclara que las capacitaciones son exigibles al momento de asumir el cargo y por otro lado, propone la unificación de los criterios en la formación de los candidatos”, concluyó.
