Desregular es desproteger
La intención de desregular el mercado inmobiliario pone en riesgo la seguridad jurídica, debilita instituciones respaldadas por la Constitución provincial y expone a las familias a mayores niveles de informalidad y fraude. La colegiatura no es un obstáculo: es una garantía.
El Gobierno nacional insiste en avanzar con la desregulación de distintas actividades, y la del mercado inmobiliario aparece primero en su agenda. Se lo presenta bajo la idea de «libertad», pero en los hechos implica desproteger a la ciudadanía y debilitar instituciones que cumplen funciones públicas esenciales.
En este contexto nos hacemos una pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Una donde prime la responsabilidad profesional y el resguardo de las personas, o una donde cualquier actor pueda intervenir en operaciones que comprometen el patrimonio de las familias?
En Entre Ríos, la actividad está regulada por ley y respaldada por la Constitución provincial. El artículo 77 reconoce la existencia y el autogobierno de los colegios profesionales, y la Ley Provincial N.º 9739 establece con claridad las condiciones para el ejercicio del corretaje inmobiliario. Desconocer este marco no es modernizar: es retroceder.
Un colegio profesional no es una estructura burocrática ni una entidad recaudatoria. Es una institución destinada a cumplir fines públicos que el Estado delega en ella: el gobierno de la matrícula, el control del ejercicio profesional y el régimen disciplinario. Otorga matrícula a quienes cumplen con la formación requerida, sanciona prácticas irregulares y actúa como garante frente a abusos que, en un mercado sin reglas, se multiplicarían.
Cuando se debilita la regulación, lo que avanza no es la libertad: es el intrusismo. Aparecen operadores sin formación ni responsabilidad legal y quienes terminan pagando ese costo son los ciudadanos.
Porque comprar, vender o alquilar una propiedad no es una transacción más. Es, muchas veces, la decisión económica más importante en la vida de una persona o una familia. Por eso se necesita un profesional matriculado, con formación técnica y jurídica, que responda ante la ley y ante una institución que lo regula.
Además, la desregulación impacta directamente en la economía local. En nuestra provincia, las inmobiliarias son en su mayoría pequeñas y medianas empresas familiares que generan empleo, invierten y sostienen el entramado productivo. Abrir el juego a actores informales que no cumplen reglas ni obligaciones implica fomentar una competencia desleal.
La colegiatura no es un privilegio. Es una garantía. Garantía de formación, de ética, de control y de responsabilidad profesional. Y somos 1.447 matriculados activos en la provincia de Entre Ríos los que la sostenemos: profesionales que trabajamos con la matrícula como respaldo, con la ética como compromiso y con la responsabilidad de cuidar lo que para otros es lo más importante.
Por eso, rechazamos el proyecto de desregulación y exigimos el respeto a la Constitución de Entre Ríos y a la Ley Provincial N.º 9739. Defender la regulación del corretaje inmobiliario es defender la seguridad jurídica, el trabajo formal y la tranquilidad de miles de familias entrerrianas.