A los matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos.
Los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos nos dirigimos a todos los matriculados con el propósito de informar una situación de especial trascendencia institucional, que ha motivado la adopción de medidas en el marco de las atribuciones y responsabilidades que nos confiere la normativa vigente.
En tal sentido, mediante Resolución N.º 53/2026, y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 9739, se ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de diciembre de 2026, en la ciudad de Paraná, a fin de someter a consideración de los matriculados los antecedentes y actuaciones relacionados con la acusación formulada contra la Vicepresidenta Primera del Colegio, Carolina Lidia Ledesma, por presunta irresponsabilidad manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
La decisión de efectuar esta convocatoria responde a la necesidad de abordar, con la seriedad y responsabilidad que las circunstancias requieren, determinados hechos y actuaciones que, a criterio de este Consejo Directivo, ameritan ser examinados por el órgano institucional competente, en atención a su posible incidencia sobre los intereses y el patrimonio de nuestra institución.
Entre los antecedentes que motivaron esta decisión se encuentra una presentación presuntamente realizada por la Vicepresidenta Primera ante el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación penal vinculada con una profesional que prestó servicios de asesoramiento legal al Colegio hasta el año 2025.
Las circunstancias que rodearon dicha intervención han generado interrogantes respecto del alcance de las manifestaciones efectuadas, las facultades invocadas para realizarlas y la eventual existencia de una decisión o autorización institucional que las respaldara. Entendemos que cualquier actuación que pudiera comprometer la posición institucional del Colegio, particularmente en asuntos de relevancia judicial o patrimonial, debe desarrollarse dentro del marco de las competencias legalmente atribuidas a sus autoridades y con el debido respaldo de los órganos correspondientes.
A este contexto se suma que la profesional del derecho mencionada ha promovido una demanda judicial de naturaleza laboral contra el Colegio, mediante la cual reclama una suma superior a los CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000), proceso actualmente en trámite ante la Justicia entrerriana y respecto del cual la institución deberá ejercer plenamente su derecho de defensa.
Frente a estas circunstancias, el Consejo Directivo entiende que resulta indispensable actuar con transparencia, prudencia y responsabilidad, procurando el esclarecimiento de los hechos y el adecuado resguardo de los intereses del Colegio, sin efectuar valoraciones anticipadas sobre cuestiones que deberán ser examinadas mediante los procedimientos correspondientes.
Queremos dejar expresamente aclarado que la convocatoria a Asamblea no constituye una sanción, ni implica la suspensión o separación de la Vicepresidenta Primera de su cargo.
Conforme lo establecido en el artículo 6.º de la Resolución N.º 53/2026, cualquier decisión respecto a la situación corresponde exclusivamente a la Asamblea de matriculados, con observancia de las mayorías legalmente exigidas, de acuerdo con el artículo 24, inciso e), de la Ley Provincial N.º 9739 y el artículo 28, inciso e), del Reglamento Interno.
En consecuencia, será la Asamblea, como órgano competente, la que deberá considerar los antecedentes puestos a su disposición, garantizando el derecho de defensa de la autoridad involucrada, el debido procedimiento y el respeto por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Como integrantes del Consejo Directivo, entendemos que nuestra responsabilidad no se limita a la administración ordinaria de la institución, sino que comprende también el deber de promover el esclarecimiento de aquellas situaciones que pudieran afectar su funcionamiento, su patrimonio o la confianza de los matriculados en sus autoridades.
Es precisamente en cumplimiento de esa responsabilidad que hemos considerado necesario poner estos antecedentes en conocimiento de quienes integran nuestro Colegio y habilitar el ámbito institucional previsto para su tratamiento.
Estamos convencidos de que la transparencia, el respeto por las competencias de cada órgano y la participación de los matriculados constituyen condiciones esenciales para preservar la institucionalidad y fortalecer la confianza en nuestra entidad.
Por ello, convocamos a todos los matriculados habilitados a participar de la Asamblea General Extraordinaria del próximo 2 de diciembre, con el convencimiento de que las decisiones que involucran el funcionamiento y los intereses del Colegio deben ser abordadas con responsabilidad, información suficiente y pleno respeto por los mecanismos democráticos establecidos en nuestra normativa.
La defensa de nuestra institución, de su patrimonio y de los intereses colectivos de los matriculados debe estar siempre por encima de cualquier consideración personal.
CONSEJO DIRECTIVO
COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE ENTRE RÍOS
18 de Noviembre de 2026